Efectos de la crisis en el empleo de las personas con discapacidad

[Jose Manuel Fuentes Prieto]

La situación económica reduce los contratos, mientras aumenta el número de demandantes de trabajo con discapacidad.

El empleo es uno de los sectores más castigados por la crisis económica. Pero son, sobre todo, las personas con discapacidad las que en mayor medida han sentido las consecuencias. El descenso registrado el pasado año en el número de contratos en empleo ordinario fue paralelo al aumento de demandantes de trabajo con discapacidad. Los compromisos adquiridos por la Administración pública y las empresas privadas parecen ser la solución más inmediata, pero se pide que no sea la única.

Graves efectos

El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) alertó hace varios meses de los “graves efectos” que la crisis económica está teniendo en el empleo de personas discapacitadas. Su predicción para el futuro apuntaba a una situación “muy delicada”, puesto que las personas con discapacidad son de por sí especialmente vulnerables en cuestiones de inclusión laboral. El CERMI pedía entonces “el máximo esfuerzo de acción y eficacia” a los poderes públicos, las administraciones y los sectores sociales en general.

Casi dos terceras partes de los demandantes de empleo con discapacidad (62,3%) están en paro
Desde la Federación Empresarial Española de Asociaciones de Centros Especiales de Empleo, su secretario general, Antonio Millán, hacía también balance de 2008 y destacaba el impacto directo de la crisis en la facturación, “con lo que esto conlleva de peligro al mantenimiento del empleo de las personas con discapacidad”. Advertía del “riesgo especial” para este grupo, “cuyas tasas de inactividad y desempleo son de dos a tres veces peores que para el resto de la población”.

El pasado año, los contratos en el mercado laboral ordinario descendieron a cifras de 2006, mientras que el empleo protegido -en centros especiales- registró un aumento con respecto a los dos años anteriores. En cuanto a las personas con discapacidad inscritas en oficinas de empleo, el aumento fue del 25%. Se pasó de 68.598 demandantes en 2006 a 86.079 en 2008. El “Informe del mercado de trabajo de las personas con discapacidad, Marzo 2008″ subraya que casi dos terceras partes de los demandantes de empleo discapacitados (62,3%) están en paro. Además, la tasa de actividad entre las personas sin minusvalías se sitúa en el 59,95%, frente al 33,7% de las personas con discapacidad.

Un artículo publicado en Consumer

[Jose Manuel Fuentes Prieto]

Para hacer frente a esta realidad, las asociaciones de personas con discapacidad y la Administración han tomado medidas encaminadas a mejorar el balance del pasado año. La Confederación Española de Personas con Discapacidad Física y Orgánica (COCEMFE) consiguió en 2008 la integración laboral de cerca de 5.000 personas. A través de sus Servicios de Integración Laboral (SIL), los empresarios disponen de una amplia base de datos de trabajadores de diferentes profesiones, además de formación específica adecuada, apoyo a la empresa en el proceso de incorporación e información y asesoramiento sobre subvenciones y apoyos a la contratación o creación de empleo.

Por su parte, la ONCE, su Fundación y el Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino, a través de la Secretaría General del Mar, firmaron a finales del pasado año un convenio de colaboración para fomentar la cualificación profesional e inserción laboral de personas con discapacidad visual en el ámbito de la acuicultura. El objetivo es analizar el sector desde el enfoque de la discapacidad para definir las tareas que pueden desarrollar estas personas, planificar acciones formativas y organizar la realización de prácticas en empresas del sector.

En la misma línea, la Asociación pro Personas con Discapacidad Intelectual (AFANIAS) ha puesto en marcha el proyecto “Reciclaje de aceite doméstico” para trabajadores con discapacidad intelectual y sus familias. La iniciativa, desarrollada en Madrid, consiste en implicar a estas personas en las tareas de depurado del aceite, lo que “ayuda a su integración social, y fomenta y mejora tanto la normalidad como su calidad de vida”, asegura el presidente de la ONG, Gonzalo Guede.

Otras empresas privadas también han firmado convenios y acuerdos similares para impulsar la formación, el empleo y la accesibilidad de personas con discapacidad, mientras que la oferta de empleo público aprobada para 2009 contempla una reserva del 2% de los puestos a personas con discapacidad intelectual. La Confederación Española de Organizaciones a favor de Personas con Discapacidad Intelectual (FEAPS) considera esta reserva muy positiva, ya que “eleva a un 7% el porcentaje total de plazas”. Asimismo, valora “las adaptaciones y los ajustes razonables necesarios de tiempo y medios”, pero defiende la necesidad de adecuar también los contenidos “para que las personas con discapacidad intelectual puedan acceder a un puesto en la Administración en igualdad de condiciones”.

Un artículo de Azucena García

[Jose Manuel Fuentes Prieto]

Una de las principales reclamaciones de las personas con discapacidad es su derecho a un trabajo accesible. Como todas las personas, buscan desarrollar su profesión en condiciones de seguridad y salud, “un trabajo que permita la conciliación de trabajo y familia, donde el diálogo social desempeñe el papel habitual en las relaciones laborales”, destaca FEAPS. Con la intención de dar respuesta a esta reivindicación, el pasado mes de septiembre se aprobó la Estrategia Global de Acción para el Empleo de Personas con Discapacidad 2008-2012.

Este documento se propone mejorar la empleabilidad (capacidad para encontrar trabajo) e integración laboral de las personas con discapacidad, promover el acceso al mercado de trabajo y evitar la pérdida masiva de empleo y la inestabilidad. El objetivo fundamental, según el CERMI, debe ser reorientar las políticas activas de empleo, “sentando nuevas bases y ampliando y perfeccionado un sistema de inclusión laboral que aún tiene que avanzar mucho para dar respuesta a las demandas de normalización laboral de este grupo de población”.

En total, la Estrategia supondrá una inversión de 3.700 millones de euros: 740 millones por año que se repartirán en bonificaciones en cotizaciones a la Seguridad Social de las empresas que contraten a personas con discapacidad (440 millones) y fomento del empleo protegido (300 millones). En principio, los términos en que se ha establecido la Estrategia cuentan con el beneplácito del CERMI y otros interlocutores sociales, con los que fue negociada y consensuada.

Objetivos generales y operativos

Los planes para los próximos cinco años pasan por “generar las condiciones estructurales que permitan la incorporación al mundo laboral de miles de personas con discapacidad”. Se hace hincapié, sobre todo, en quienes se encuentran inactivos o en situación de desempleo. Para conseguirlo, la Estrategia se divide en dos objetivos generales, siete objetivos operativos y 93 líneas de actuación.

Los objetivos generales o estratégicos son:

Aumentar las tasas de actividad y de ocupación, así como la inserción laboral de las personas con discapacidad.

Mejorar la calidad del empleo y dignificar las condiciones de trabajo de las personas con discapacidad, combatiendo activamente su discriminación.

Los objetivos operativos son:

Remover las barreras socioculturales, legales, físicas, arquitectónicas y de comunicación que dificultan el acceso al empleo.

Potenciar la educación y la formación.

Diseñar nuevas políticas activas de empleo mejor adaptadas a las necesidades de las personas con discapacidad y mejorar su gestión.

Promover una mayor contratación de personas con discapacidad en el mercado de trabajo ordinario.

Renovar el empleo protegido.

Mejorar la calidad del empleo y de las condiciones de trabajo, en particular, combatiendo activamente la discriminación en el mercado de trabajo.

Mejorar tanto los sistemas de recogida, análisis y difusión de la información en materia de empleo y personas con discapacidad como la coordinación de las políticas públicas de empleo desarrolladas por las Administraciones Públicas.

Un artículo publicado en Consumer

[Jose Manuel Fuentes Prieto]

La Federación de Asociaciones de Personas con Discapacidad Física y Orgánica de la Comunidad de Madrid (FAMMA-Cocemfe Madrid) denunció este jueves que la cifra de personas discapacitadas que demandan empleo ascendió a 105.000 personas, un 15% más que a finales de 2008.

El año anterior la cifra de solicitantes en paro era de 89.735, según los datos ofrecidos por la Secretaría General de Empleo.

El presidente de FAMMA, Javier Font, señaló que el pasado junio el Servicio de Intermediación Laboral recibió un total de 363 llamadas demandando empleo. De ellas, 149 eran de mujeres. “Aunque no sea un dato científico extrapolable, sí marca una tendencia acusada en la destrucción de empleo femenino de este colectivo”, dijo.

Según FAMMA el sector laboral de las personas con discapacidad es un colectivo muy sensible en las épocas de crisis y aunque se han anunciado varias medidas de apoyo y promoción, así como de formación laboral, no se ha dado con una solución que cumpla con las expectativas generadas.

Rojo anunció en el Congreso que se pondrá un marcha un portal en Internet en el que recogerá los productos y servicios que ofrecen los Centros Especiales de Empleo para estimular su contratación y comercio.

Según Font, otro de los hándicaps a los que se enfrentan, a la hora de conseguir trabajo, es el escaso nivel de formación de las personas que padecen alguna discapacidad.

Por otra parte, la Secretaría General de Empleo propuso que la Encuesta de Población Activa (EPA) incluya a partir del próximo noviembre y de manera regular un módulo específico de preguntas sobre discapacidad (que se aplicó por última vez en 2002).

Un artículo publicado en El Mundo

[Jose Manuel Fuentes Prieto]

A las empresas que empiezan a mentalizarse sobre la necesidad de dar oportunidades laborales a las personas con algún tipo de discapacidad, hay que sumar la actitud cada vez más activa por parte de los interesados en encontrar empleo pese a su minusvalía.

Según indica la guía “Búsqueda de empleo para personas con discapacidad”, publicada por Discapnet, buscar trabajo de forma activa no es hacerlo a ratos, o de vez en cuando; tampoco sirve de nada afirmar que “la sociedad es injusta e insolidaria” -sabemos que lo es en muchas ocasiones- o que “tiene que ser el Estado, las instituciones, los organismos públicos…” quienes busquen o den un empleo a este tipo de personas, porque ello no siempre sucede.

Lo primero que debe hacer una persona discapacitada que pretenda lograr un empleo es, pues, abandonar los pensamientos victimistas y lanzarse a buscar trabajo activamente. En esta tarea es importante seguir una serie de pautas comunes a las de cualquier otra persona, aunque también se debe desarrollar una estrategia particular y específica.

Aprender a encajar los contratiempos. Al presentarse a una prueba de selección, si se es rechazado hay que analizar fríamente las razones. Puede que sea por prejuicios hacia una discapacidad, pero también puede que en realidad el candidato discapacitado no cumpla el perfil exigido, ya sea por cuestión de edad, estudios o capacitación profesional. Conocer esas razones evitará desanimarse sin motivo.
¿Qué se puede aportar a la empresa? Ésta es una reflexión que deben realizar siempre las personas con discapacidad que se vayan a presentar a una entrevista de personal. Deben pensar cuáles son sus tres o cuatro valores personales más valiosos para el mundo del trabajo (por ejemplo, la responsabilidad, constancia, capacidad de concentración, facilidad para hacer amigos, puntualidad, disposición para trabajar en equipo…). También es importante ser autocrítico y considerar de forma objetiva cuáles pueden ser los puntos débiles o limitaciones.
Condiciones mínimas. Otro punto importante es tener claro el tipo de trabajo que se aceptaría o no, según diversos factores: el horario laboral, el entorno en el que no se podría trabajar (al aire libre, con mucho ruido, olores, con gente, aislados…), si interesaría trabajar en un empleo poco relacionado con la formación, la remuneración, etc.
¿Qué se necesita aprender? Ocurre con frecuencia que la formación que se tiene es insuficiente para el perfil de trabajador que demanda el mercado de trabajo, o bien que, a pesar de tener un nivel de estudios adecuado, muchos conocimientos han quedado anticuados y es preciso aprender y dominar materias o conocimientos nuevos. En este caso, hay que estudiar bien qué conocimientos demanda el mercado para no ser sorprendido con exigencias formativas fácilmente subsanables de haberlas conocido con antelación.
La búsqueda
El proceso de búsqueda de empleo es similar también al que sigue cualquier otra persona: anuncios en los periódicos, webs de empleo, recomendaciones, red de contactos, etc. Sin embargo, conviene que las personas con discapacidad sigan además una serie de pautas particulares:

Presentarse directamente en las empresas: la ventaja de ir directamente a las empresas es que conocerán al candidato personalmente. La empresa podrá hacerle una entrevista espontánea, y a la vez aclarar y ampliar sus dudas sobre su formación y experiencia laboral. Es una forma activa de búsqueda de empleo, que en la mayoría de las ocasiones agradece el empleador. Así se le puede hablar directamente sobre la discapacidad que se padece y podrá valorar la dimensión de la misma.
Administración Pública: otra alternativa es intentar trabajar para la Administración pública (local, autonómica y central). No hay que olvidar que es el mayor empleador del país y que abarca casi todas las categorías profesionales. La manera de acceder a la mayor parte de estas plazas es mediante oposición. La Ley 23/1988, de Modificación de la Ley para la Reforma de la Función Pública, prevé la reserva de un cupo no inferior al 3% de las vacantes existentes, hasta alcanzar el 2% de los efectivos totales de la Administración del Estado para su cobertura por personas discapacitadas.
Estar inscrito en el INEM: este trámite puede permitir entrar en procesos de selección, conseguir orientación profesional o realizar cursos de formación ocupacional, además de otras ventajas. Hay dos modos de inscribirse en este organismo: apuntarse, como cualquiera (muchas personas con discapacidad se inscriben como demandantes no discapacitados porque piensan que este extremo les puede restar posibilidades); inscribirse en el registro de minusválidos. Lo más importante de esto es que hay empresas que solicitan expresamente trabajadores con algún tipo de discapacidad a este organismo. Para inscribirse, hay que presentar el Certificado Oficial de Minusvalía.

Un artículo publicado en Consumer

[Jose Manuel Fuentes Prieto]

Los contratos indefinidos para personas con discapacidad tienen algunas peculiaridades, como señalan los expertos Roberto Gómez García y Juan Manuel Ponce Medero, en su libro “Contratación Laboral 2008″:
Para poder acceder a este tipo de contrato, los trabajadores deben acreditar un grado mínimo de minusvalía igual o superior al 33%, reconocido por el organismo competente y estar inscritos en la oficina de empleo.
Respecto a las empresas, podrá celebrar este tipo de contrato cualquier empresa o cooperativa de trabajo asociado que incorpore trabajadores minusválidos como socios.
Las empresas que sean beneficiarias de alguna ayuda están obligadas a mantener la estabilidad en el empleo de estos trabajadores por un tiempo mínimo de tres años y no pueden despedirlos sin causa justificada y, en caso de despido procedente, deberán sustituirlos por otros trabajadores discapacitados, beneficiándose en este caso solamente de la bonificación de la cuota a la Seguridad Social por los sustitutos.
Las empresas deberán estar al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y de Seguridad Social.
Las subvenciones y bonificaciones no se aplicarán en los siguientes supuestos:
Contrataciones realizadas con trabajadores que, en los 24 meses anteriores a la fecha de la contratación, hubiesen prestado servicios en la misma empresa o grupo de empresas mediante un contrato por tiempo indefinido, así como en el supuesto de vinculación anterior del trabajador con empresas a las que la solicitante de los beneficios haya sucedido.
Trabajadores que hayan finalizado su relación laboral de carácter indefinido en un plazo de tres meses previos a la formalización del contrato.
Estos contratos podrán acogerse a la reducción de la indemnización en caso de extinción por causas objetivas declarada improcedente, establecida en la Ley 12/2001, de 9 de julio, es decir, 33 días por año de servicio y hasta un máximo de 24 mensualidades.
En cuanto al periodo de prueba, han de plasmarse por escrito los límites de duración del mismo. Pueden estar fijados por los convenios colectivos y, en su defecto, como máximo son los siguientes: seis meses para los técnicos titulados; dos meses para los demás trabajadores en empresas de 25 o más empleados o en tres meses en las empresas de menos de 25 empleados; dos meses si el trabajador es un titulado superior contratado en prácticas, o en un mes si es un titulado medio. Hay que tener también en cuenta que las situaciones de incapacidad temporal, maternidad, y adopción o acogimiento, que afecten al trabajador durante el período de prueba, interrumpen el cómputo del mismo siempre que se produzca acuerdo entre ambas partes.

Un artículo publicado en Consumer

[Jose Manuel Fuentes Prieto]

Las empresas que contratan a trabajadores discapacitados pueden obtener ventajas fiscales y laborales


Trabajan como contables, economistas, abogados, gestores, psicólogos, periodistas, programadores, camareros, limpiadores, jardineros… De hecho, puede afirmarse que no hay trabajo que no pueda desempeñar una persona con algún tipo de discapacidad, y con la misma eficacia que el resto de la población. Al margen de esta cuestión, las empresas pueden obtener ventajas fiscales y laborales si emplean a trabajadores discapacitados.

Son muchos, no obstante, los empresarios que aún albergan dudas sobre la idoneidad de contratar a una persona discapacitada, y dudan de sus posibilidades a la hora de realizar un trabajo determinado, por lo que no les ofrecen empleo. Y ello, a pesar de la Ley 13/1982 de Integración Social de los Minusválidos (LISMI), que obliga a que todas las empresas con más de 50 empleados cuenten con un 2% de trabajadores discapacitados (porcentaje que se eleva hasta el 5% en el caso de las empresas públicas). Pocas empresas lo cumplen, en parte debido al escaso nivel de vigilancia que existe sobre el cumplimiento de la normativa. De hecho, España ocupa la posición 24 de la “Europa de los 25″ en cuanto a integración laboral con personas con discapacidad.

Ventajas laborales

Dar ocupación a una persona que padece discapacidad, sin embargo, puede otorgar una serie de ventajas de tipo laboral a las empresas, como señala el libro “Búsqueda de empleo para personas con discapacidad”:

Mejora la imagen de la empresa: contratar a personas discapacitadas es una acción eficaz de Responsabilidad Social Corporativa, ya que contribuye a mejorar la imagen de la empresa ante sus clientes, porque aprecian el compromiso real de la empresa con la sociedad. También contribuye a fidelizar nuevos clientes, obtener descuentos fiscales y conseguir mejores accesos a fondos desde las entidades que valoran los componentes éticos.

Facilita el acceso a concursos públicos: para acceder a muchos concursos públicos es necesario cumplir con una serie de requisitos sociales, entre los que la incorporación laboral de discapacitados supone una diferenciación frente a la competencia. Esto hace que las empresas que contratan este tipo de trabajadores tengan más oportunidad para aumentar sus fuentes de ingresos.

Mejora el clima laboral:los expertos señalan que las personas con discapacidad son un fuerte estímulo para sus compañeros. Estos, al comprobar el afán de superación que demuestran cada día para desarrollar el trabajo, aprenden a valorar y relativizar los obstáculos y los problemas. Por lo general, contribuyen a que el conjunto de los trabajadores sea más solidario, lo que supone una mejora considerable del ambiente laboral.

Incentivos económicos

Las empresas cuentan, además, con una serie de incentivos económicos en el caso de que decidan contratar trabajadores que padezcan algún tipo de discapacidad:

Subvención de 3.907 euros por cada contrato celebrado a tiempo completo.
Bonificación de las cuotas empresariales de la Seguridad Social, incluidas las de accidentes de trabajo y enfermedad profesional, y las cuotas de recaudación conjunta durante toda la duración del contrato en las siguientes cuantías: 70% por cada trabajador contratado menor de 45 años; en caso de contratación de mujeres con discapacidad, el porcentaje será del 90%; otro 90% por cada trabajador contratado mayor de 45 años, y, en caso de contratación de mujeres discapacitadas, el porcentaje será del 100%.
Subvenciones para adaptación de puestos de trabajo o dotación de medios de protección personal hasta 901,52 euros.

Deducción en el impuesto sobre sociedades, en la cuota íntegra, por una cantidad de 6.000 euros por cada persona/año de incremento del promedio de la plantilla de trabajadores discapacitados contratados por tiempo indefinido, respecto a la plantilla media de trabajadores con discapacidad del ejercicio inmediatamente anterior con dicho tipo de contrato.